El gobernador del Departamento de La Paz, Santos Quispe, califica de «ley maldita a la 1386 por qué a su juicio solo beneficia al que gobierna y no así a la población y por ellos existe el rechazó de diferentes organizaciones sociales. Asimismo, señaló que como autoridad exige la anulación de la norma porque perjudica a todos los bolivianos y fue trabajada de manera unilateral sin consenso.