José María Cabrera, quien fuera procurador del Estado en el gobierno de facto de Jeanine Áñez, recordó que, en septiembre de 2020, Arturo Murillo solicitó su destitución luego de que la Procuraduría General del Estado iniciara las investigaciones respecto a la compra de gases lacrimógenos y material no letal entre los ministerios de Defensa y Gobierno, e informara a una comisión legislativa que el entonces Ministro de Gobierno no entregó información por un presunto sobreprecio de Bs 14,8 millones.
“Luego de asistir a la convocatoria de la Asamblea Legislativa Plurinacional y de haber concluido mi exposición informativa, recibí una serie de presiones, llamadas y alertas respecto a que Murillo estaba reclamando mi cabeza a la presidenta Áñez”, señaló en una entrevista.