El ministro de Justicia, Iván Lima, señaló que el informe del GIEI ratifica «con metodología y evidencia científica» que masacres, persecuciones, torturas, detenciones ilegales, actos de racismo y ejecuciones extrajudiciales se perpetraron para sostener un «régimen que se hizo del poder en franca violación a la CPE».
Explicó que este informe fue elaborado en 8 meses de investigación, basándose en 400 entrevistas y trabajo de campo en 13 ciudades y localidades rurales, por lo que considera que se trata de un documento histórico, contundente e idóneo para conseguir justicia y reparación integral en favor de todas las víctimas de lo que denominó una «conspiración golpista».
Lima ratificó que se demostró el uso de la mentira mediatizada para «justificar» la represión armada contra quienes protestaban contra el gobierno de Jeanine Añez. Aseguró que las víctimas no eran «terroristas» sino eran padres, hijos y hermanos, trabajadores y estudiantes.
Finalmente expresó que la verdad no está sujeta a interpretaciones ni condiciones y que los responsables de los delitos de lesa humanidad deben rendir cuentas no solo ante la Ley, sino ante sus conciencias y ante la historia.