La Defensoría del Pueblo se suma al pedido de extradición del exministro de Gobierno, Arturo Murillo, detenido en Estados Unidos, acusado de soborno y lavado de dinero por el caso denominado “gases lacrimógenos”, y demanda un proceso de rendición de cuentas en contra de la Fiscalía General del Estado, por su inacción en este hecho de corrupción