La Procuraduría General del Estado presentó a la Oficina de Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, un reporte sobre el “desarrollo de las protestas y otras situaciones de tensión, tras las elecciones generales del 20 de octubre de 2019”. En el reporte ratificó la “narrativa” del golpe de Estado para explicar las responsabilidades del Estado en la crisis política de 2019.
La conclusión guarda relevancia con el párrafo 33 de este reporte oficial. El apartado presenta “puntualizaciones que permiten asegurar que el golpe de Estado en Bolivia fue organizado, planificado y ejecutado por los comités cívicos, a la cabeza de Luis Fernando Camacho, por policías militares y la Iglesia católica”.