La aprehensión de Rolando Ribera, ex secretario de movilidad urbana y el presidente de la asociación del transporte publico de la línea 17 y 18, Percy Rojas, fue el inicio de una serie de allanamientos por parte de la fiscalía en coordinación de la policía anticorrupción de la Felcc.
Se allanó los domicilios de los investigados y a la empresa que adjudicó el servicio en el primer anillo, además el ministerio publico dispuso del precintado de los buses que se encuentran en el deposito de la empresa Crown, quien entrego la documentación de los motorizados valuados en cinco millones de dólares americanos.
Para los abogados de los aprehendidos la acción que realizo el ministerio público fue abusiva, asegurando que desde un inicio se colaboró con la investigación y se respeto el debido proceso ante esta denuncia presentada por el sector transporte y autoridades oficialistas en Santa Cruz.